En pleno siglo XXI, miles de panameños aún viven al margen de un servicio básico: la electricidad. Aunque Panamá ha logrado avances significativos en la cobertura energética, diversas comunidades rurales e indígenas permanecen fuera del alcance del Sistema Interconectado Nacional (SIN).
Esta realidad refleja la brecha entre el desarrollo urbano y las zonas más apartadas del país, donde la ausencia de energía limita no solo la comodidad del hogar, sino también el acceso a oportunidades educativas, de salud y productivas.
Unas 2 mil 329 viviendas en todo el país, se alumbran durante la noche utilizando querosín o diésel, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censo (INEC).
Las comunidades más afectadas suelen encontrarse en regiones de difícil acceso, como la comarca Ngäbe-Buglé, Darién, Bocas del Toro y sectores insulares del Caribe.
Allí, la geografía accidentada, los altos costos de extensión de las redes y la baja densidad poblacional se convierten en barreras que dificultan la expansión del sistema eléctrico tradicional.
Para muchas familias, la noche sigue estando marcada por lámparas de keroseno o velas, prácticas que representan riesgos tanto para la salud como para la seguridad.
La falta de conexión eléctrica repercute directamente en el desarrollo social y económico.
Sin electricidad, los centros de salud tienen problemas para mantener vacunas o equipos médicos en funcionamiento, las escuelas carecen de herramientas tecnológicas, y las posibilidades de emprender pequeños negocios se ven drásticamente limitadas.
En consecuencia, estas comunidades enfrentan mayores niveles de pobreza y desigualdad, reproduciendo un círculo difícil de romper
Sin embargo, la ausencia de interconexión también ha impulsado alternativas innovadoras.
Proyectos basados en energía solar, microhidráulica y eólica han comenzado a implementarse en algunas comunidades aisladas.
Estas soluciones descentralizadas ofrecen una vía más sostenible y económica para garantizar el acceso energético, evitando la dependencia exclusiva del sistema eléctrico nacional.
No obstante, su implementación requiere de apoyo técnico, financiamiento y políticas públicas que aseguren la sostenibilidad a largo plazo.
El reto para Panamá es cerrar esta brecha energética sin dejar a nadie atrás. La inclusión de estas comunidades en la planificación nacional de energía no solo implica un acto de justicia social, sino también una inversión en el futuro del país.
Llevar electricidad a cada rincón del territorio significa ampliar horizontes de desarrollo, garantizar derechos básicos y abrir nuevas oportunidades para quienes hoy siguen viviendo en penumbras.
