Mientras el Ministerio de Desarrollo Agropecuario y otros sectores defienden la ley 443, que hacía obligatorio el uso del bioetanol en las gasolinas para reducir costos y emisiones contaminantes, juristas y políticos siguen cuestionando la ley por considerarla inconstitucional al limitar la libre elección.
De esta discusión surge la necesidad de analizar el impacto del bioetanol en Panamá desde dos vertientes: el costo directo para el consumidor y el efecto dinamizador en la estructura económica del país.
Impacto en el precio del combustible
- Ahorro proyectado: El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) sostiene que, si se hubiera mantenido el uso del bioetanol, los consumidores estarían pagando 20 centavos menos por galón de gasolina.
- Estabilizador de precios: Se proyecta que el bioetanol funcione como un amortiguador frente a la volatilidad del mercado petrolero internacional, ayudando a reducir los impactos de las subidas abruptas del crudo.
- Dudas sobre el costo final: Existe escepticismo sobre si los costos de producción y logística nacional podrían terminar encareciendo el precio en lugar de bajarlo. Además, algunos críticos señalan que el bioetanol rinde entre un 3% y 4% menos que la gasolina pura, lo que obligaría a un mayor gasto por kilómetro recorrido.
- Carga impositiva: El proyecto de ley propone un impuesto al consumo de 3.78 por galón.
Impacto en la economía panameña
- Generación de empleo: Se estima que el Programa Nacional de Mezcla de Bioetanol generará aproximadamente 30.000 puestos de trabajo directos, especialmente en áreas rurales y el interior del país.
- Inyección económica: El Gobierno proyecta una inversión y flujo de salarios de $400 millones en un periodo de cinco años.
- Revitalización del sector agrícola: La medida busca dinamizar la agroindustria nacional, incentivando la producción de caña de azúcar y otras materias primas. Se estima que se requerirían unas 16.800 hectáreas adicionales de cultivo para cubrir la demanda de una mezcla al 10%.
- Independencia energética: La creación de una industria local permitiría reducir la dependencia de derivados del petróleo importados, lo que mejora la balanza comercial y genera un ahorro de divisas.
- Inversiones en infraestructura: Para implementar el programa, se requieren inversiones privadas cercanas a los $70 millones en plantas de producción, además de adecuaciones en las terminales de almacenamiento y distribución.
En resumen, mientras que el gobierno enfatiza el ahorro de 20 centavos y la creación masiva de empleos en el agro, sectores críticos advierten sobre un posible menor rendimiento del combustible y riesgos de monopolios en la producción nacional.
La implementación del uso obligatorio de bioetanol en las gasolinas, originalmente programada para iniciar el 1 de abril de 2026, fue suspendida por la Secretaría Nacional de Energía mediante la Resolución N° MIPRE-2026-0010986 del 25 de marzo de 2026.
Los motivos principales para esta suspensión son:
- Falta de condiciones técnicas y de mercado: Tras reuniones con productores (AZUCALPA) y distribuidoras de combustible, el Gobierno concluyó que el país no contaba con la madurez necesaria en la cadena de suministro. Específicamente, se requiere más tiempo para el desarrollo de la siembra y cosecha de la materia prima nacional necesaria.
- Reformas legales pendientes: Se determinó que era indispensable introducir ajustes legales, regulatorios y fiscales antes de iniciar el programa. En el momento de la suspensión, la Asamblea Nacional aún se encontraba discutiendo el proyecto de ley 443, que busca reformar la Ley 42 de 2011 para permitir una ejecución eficiente y sostenible del Programa de Biocombustibles.
- Insuficiencia de infraestructura: Las empresas señalaron que aún no se han completado las inversiones requeridas para adecuar las plantas de producción de bioetanol, las terminales de almacenamiento donde se deben realizar las mezclas y la logística de la cadena de comercialización para el manejo de gasolina oxigenada.
- Garantía de viabilidad: La Secretaría de Energía consideró procedente la prórroga para asegurar que el programa redunde en beneficios reales para la población (como la generación de empleo y autosuficiencia energética) sin afectar el abastecimiento o los derechos de los consumidores.
La resolución dejó sin efecto el cronograma anterior y estableció que la nueva fecha de implementación se fijará mediante una resolución motivada una vez se verifiquen las condiciones técnicas y regulatorias adecuadas.
Para cubrir la demanda nacional de bioetanol en Panamá, la cantidad de hectáreas necesarias varía dependiendo del porcentaje de la mezcla (5% o 10%) que se implemente en la gasolina:
- Para una mezcla al 10% (E10): Se estima que se requieren 16.800 hectáreas de caña de azúcar. Este cálculo se basa en un consumo proyectado de gasolinas y la necesidad de moler aproximadamente 1.000.000 de toneladas de caña para producir el bioetanol suficiente.
- Para una mezcla al 5% (E5): Cálculos realizados anteriormente indicaban que se necesitarían unas 9.700 hectáreas (aproximadamente 97 km²) para abastecer al país.
Consideraciones sobre la disponibilidad de tierra:
- En el año 2013, Panamá ya contaba con unas 32.000 hectáreas (320 km²) sembradas de caña.
- Para cubrir una demanda de mezcla al 5%, se calculaba que sería necesario utilizar el 30% de la cosecha existente en ese momento o habilitar las 9.700 hectáreas adicionales mencionadas.
- Uno de los objetivos de la Comisión de Coordinación y Seguimiento para el Programa de Biocombustibles, creada por la legislación reciente, es evaluar precisamente el desarrollo de las hectáreas necesarias para asegurar el suministro con materia prima nacional.
Además de la caña de azúcar, las fuentes mencionan que el país ha identificado potencial para producir bioetanol a partir de otras fuentes como la madera (pino caribeño), lo que podría diversificar el uso del suelo para este fin energético.
Además de la caña de azúcar, Panamá ha identificado diversas materias primas y recursos que podrían utilizarse para la producción de bioetanol y otros biocombustibles dentro de su estrategia de diversificación energética:
En los países centroamericanos, el uso de mezclas de bioetanol varía entre programas piloto, planes legislativos y metas de descarbonización a largo plazo:
- Costa Rica: Ha implementado mezclas de entre el 5% y 8% en proyectos piloto regionales como el de Barranca. La Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) tiene como meta alcanzar una mezcla obligatoria del 10% de etanol en todas las gasolineras para el año 2026. Otras fuentes mencionan que históricamente se ha trabajado con un estándar del 7% (E7).
- Guatemala: Aunque la industria se preparó inicialmente para una mezcla del 3%, la normativa reciente contempla una mezcla inicial obligatoria del 10% (E10), cuya implementación fue postergada para el segundo semestre de 2026. Otras regulaciones mencionan una obligación de mezcla no menor al 5% a partir de 2025.
- El Salvador: Realizó proyectos piloto probando mezclas del 5%, 10% y 15% (E5, E10 y E15) en diversos tipos de vehículos. Tras estas evaluaciones, se determinó que la mezcla óptima es el 5% (E5), ya que es la que menos afecta el consumo de combustible en motores de inyección y puede cubrirse con la producción nacional actual.
- Honduras: Su legislación autorizó un cronograma de mezcla progresivo que permitía hasta un 5% en 2012, 10% en 2015 y 20% en 2020. Sin embargo, los informes indican que la implementación efectiva de estas mezclas obligatorias ha sufrido retrasos significativos.
- Nicaragua: Se ha propuesto técnicamente una mezcla del 10% de alcohol (denominada «gasol») para reducir la factura petrolera. No obstante, las fuentes señalan que el país carece actualmente de la legislación necesaria y de la capacidad de producción interna suficiente para satisfacer la demanda.
En términos generales, el Reglamento Técnico Centroamericano (RTCA) establece las especificaciones de calidad para mezclas de hasta un 10% de etanol con gasolina, dejando a potestad de cada Estado la definición del porcentaje específico a utilizar
